En la semana de los festejos por Navidad, el gobernador Juan Luis Manzur envió al Poder Legislativo un proyecto de ley mediante el cual gestiona el permiso de los representantes del pueblo para la compra de un avión para la flota oficial de la Provincia.

El costo estimado de la operación es de hasta 4,5 millones de dólares (cerca de $380 millones con la valuación del dólar oficial y unos $700 millones con el "blue"), e incluye "los gastos inherentes" a la reserva de la aeronave, el traslado desde su punto de origen, la matriculación y la provisión e instalación del equipamiento sanitario, entre otros gastos.

Por ello, la iniciativa faculta al Poder Ejecutivo a que "en caso de resultar necesario" pueda "contraer endeudamiento para financiar las erogaciones" que implique la operación.

La iniciativa detalla que se negociará "en el mercado nacional o internacional" la incorporación de un avión "Learjet 60XR, con fecha de fabricación posterior a agosto de 2007".

Según el proyecto oficial, la adquisición se fundamenta en "cubrir las necesidades operativas encargadas a la Dirección Provincial de Aeronáutica". Destaca además que "las condiciones técnicas de la aeronave Learjet 60XR satisfacen las exigencias impuestas en los vuelos operativos en el territorio argentino y en el extranjero". Y recuerda que la Provincia actualmente cuenta con una aeronave de esa marca y modelo, matrícula LV-CKA.

"Es importante destacar que si bien no existe en el mercado este tipo de avión nuevo, si se cuenta con usados en excelentes condiciones con programas de mantenimiento diseñados y controlados por el fabricante, con un excelente nivel de confiabilidad y en condiciones de ser adquiridos y despachados desde su lugar de origen", agregó el mandatario en los considerando de la iniciativa.

En la actualidad, el Gobierno de Tucumán cuenta con dos aviones: el Cessna Citation Bravo (patente LV-BEU) incorporado en 2006; y el LearJet (patente LV-CKA) adquirido en 2012. Además, la Provincia incorporó dos helicópteros: Bell 407 comprado en 2004, y un Bell 429 que llegó en 2017.

Toda la flota, excepto por la incorporación del Bell 427, habías ido conformada durante la gestión del ex gobernador José Alperovich.

Si Manzur obtiene el permiso de la Legislatura, podrá avanzar con la adquisición de un tercer avión para la Provincia.

El proyecto justificó la elección del LearJet en que "el objeto primario de todo explotador aéreo es lograr la unificación de la flota". "(Esto permite) minimizar los tiempos de disponibilidad de este tipo de instrumento básico de gestión gubernamental, por disponer de componentes similares ante algún desperfecto que pudiera sufrir alguna de las aeronaves, y la unificación de tripulantes con autorización y experiencia en un solo tipo de avión, logrando reducir los gastos operativos que conllevarían a la autorización y adiestramiento de la tripulación, si se contase con aeronaves de distintas características", consigna el texto recibido el martes pasado por la Legislatura.

La iniciativa, que lleva la firma además del ministro de Economía, Eduardo Garvich, enumera algunas las características de la aeronave, como "autonomía para cubrir las distancias exigidas, altura de vuelo, velocidad, sorteo de climatología adversa, prestancia y seguridad en la operación de vuelo, jet, bimotor, con capacidad para dos tripulantes, con posibilidad de instalar una o dos camillas con equipamiento sanitario, y por la cantidad de butacas), cumple con los requerimientos necesarios para ser equipada, conforme a las necesidades del servicio, según expresas disposiciones" de la normativa provincial vigente.

"Cabe hacer notar que se incrementó en los últimos años la necesidad de realizar vuelos sanitarios, previstos en el artículo 2°, incisos 1, 2, 3 y 4, de la Ley 8.350, por lo que resulta de imperiosa necesidad adquirir una aeronave de las características solicitadas, para poder hacer frente a la demanda y solución de estos hechos de carácter humanitario", argumentó Manzur en la propuesta.

Por último, pidió que "se tenga en cuenta que la Provincia de Tucumán, en su Constitución Provincia (artículo 146°), reconoce el derecho a la salud como derecho fundamental de la persona, y se establece como obligación ineludible garantizar el derecho a la salud pública y gratuita a todos sus habitantes". "(Ello) permite inferir que para cumplir con la manda constitucional, es necesario disponer de los bienes adecuados para su cumplimiento", destacó el gobernador.